Reciban un saludo lleno de respeto, esperanza y compromiso.
Como Directora de la Asociación Gente Pequeña de Guatemala, me honra dirigirme a ustedes para reafirmar nuestra misión: promover la dignidad, la inclusión y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con talla baja en nuestro país.
Las personas con ADEE forman parte valiosa de nuestra sociedad. Sin embargo, aún enfrentan barreras físicas, sociales y culturales que limitan su desarrollo integral. Estas barreras no son inherentes a la persona, sino al entorno que no ha sido diseñado con inclusión en mente.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus artículos 1 al 4, establece con claridad que todas las personas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos humanos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad. Asimismo, reconoce la importancia del respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual y la no discriminación.
Estos principios no deben quedarse en el papel. Deben traducirse en acciones concretas que transformen la realidad cotidiana de nuestras familias.
Uno de los desafíos más urgentes en Guatemala es la falta de accesibilidad, tal como lo establece el artículo 9 de la Convención. Para las personas con talla baja, la inaccesibilidad es evidente en espacios públicos, transporte, servicios de salud, educación y lugares de trabajo. La ausencia de adaptaciones razonables limita la independencia y vulnera derechos fundamentales.
La accesibilidad no es un privilegio: es un derecho.
Asimismo, es fundamental fortalecer la toma de conciencia, como lo plantea la Convención. Esto implica erradicar prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias que afectan profundamente la vida de las personas con talla baja. La verdadera inclusión comienza cuando la sociedad reconoce el valor y la igualdad de todas las personas.
Desde nuestra Asociación, trabajamos día a día para acompañar a las familias, brindar orientación, generar espacios de apoyo y promover cambios estructurales en favor de nuestra comunidad. Pero este esfuerzo requiere del compromiso de toda la sociedad.
Por ello, hacemos un llamado firme y respetuoso:
A las autoridades, para que implementen políticas públicas inclusivas que garanticen el cumplimiento de los derechos.
A las instituciones públicas y privadas, para que adopten medidas de accesibilidad y respeto a la diversidad.
A las familias, para que continúen siendo el pilar de amor, apoyo y defensa de los derechos de sus hijos e hijas.
Y a la sociedad en general, para que actúe con empatía, solidaridad y justicia.
Construyamos juntos un país donde todas las personas, sin importar su condición, puedan vivir con dignidad, respeto y oportunidades reales.
Porque la inclusión no es un acto de caridad, es un acto de justicia.
